Los juristas Julio Cury, José Alberto Cruceta hijo y Víctor León Morel interpusieron una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios artículos de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el nuevo Código Penal, así como de la Ley núm. 44-26 que lo modificó, alegando que adolecen de «indeterminado vicio de fondo» y violan el principio de legalidad y taxatividad penal consagrado en la Constitución.
El recurso, depositado formalmente el 27 de julio de 2026, solicita al órgano garante de la Carta Magna la expulsión del ordenamiento jurídico de los artículos 284 (corrupción pública), 290 (contratos sin requisitos legales), 297 (enriquecimiento ilícito), 299 (alteración de precios) y 310 (ultraje en el ámbito jurisdiccional, modificado por la Ley 44-26).
De acuerdo con el documento, las disposiciones impugnadas incurren en la imprecisión de sus elementos típicos, lo que impide a los ciudadanos y a los operadores del sistema judicial conocer con certeza las conductas prohibidas y sus límites punitivos.
Entre las principales objeciones planteadas en la instancia destacan:
Los accionantes argumentan que, aunque la entrada en vigor completa del cuerpo normativo esté fijada con una vacatio legis, el examen preventivo del Tribunal Constitucional es crucial para evitar violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 40.13, 49, 69.4, 69.7 y 40.15 de la Constitución.
Como pretensión principal, solicitan declarar la inconstitucionalidad y la consecuente expulsión de dichos textos del ordenamiento penal dominicano. Con carácter subsidiario, piden al TC que dicte una sentencia interpretativa que adecue los alcances de dichos artículos a las garantías constitucionales. Además, requirieron la fusión de esta acción con otros expedientes similares que se cursan en el alto tribunal, como el incoado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Fuente: En Segundos