La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitó formalmente al Poder Ejecutivo someter de carácter urgente un proyecto de ley ante el Congreso Nacional para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal. Según recoge una revisión informativa del periódico Diario Libre, la organización advierte que la implementación de la norma en las condiciones actuales provocaría serias distorsiones en los tribunales debido a múltiples inconsistencias técnicas vigentes en el texto aprobado.
La propuesta, contenida en un documento oficial suscrito por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, plantea la necesidad de modificar el artículo 393 de la Ley 74-25. El objetivo es postergar la aplicación de la normativa y abrir un espacio de consulta para subsanar los errores mediante el consenso entre los operadores jurídicos.
De acuerdo con Finjus, el texto actual adolece de «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» que amenazan la armonía del ordenamiento jurídico dominicano y comprometen la tutela judicial efectiva. El debate técnico ha sumado en los últimos días los pronunciamientos de jueces, académicos y penalistas, quienes coinciden en señalar fallas derivadas de modificaciones congresuales que no fueron debidamente armonizadas.
Entre las principales anomalías identificadas en el articulado destacan:
«La solución no pasa por impedir la reforma penal, sino por garantizar que el texto definitivo entre en vigor con la solidez técnica necesaria», precisó la institución en el documento citado por Diario Libre.
El debate en torno a la ampliación del plazo de vigencia no solo se limita a la carpintería legal. Diversos sectores de la sociedad civil y gremios periodísticos han manifestado su preocupación debido a que el nuevo Código Penal mantiene un enfoque punitivo severo sobre la difamación e injuria.
Se argumenta que la redacción actual de los llamados delitos de prensa establece figuras imprecisas y sanciones desproporcionadas. Esto representa un riesgo potencial de intimidación contra periodistas y medios de comunicación, especialmente al fiscalizar la labor de funcionarios públicos o abordar temas de alto interés nacional. Prorrogar la vacatio legis permitiría adecuar estas normativas para no vulnerar el derecho constitucional a la información.
La solicitud coloca al Poder Ejecutivo frente a una decisión de alto impacto estratégico. La administración cuenta con dos vías de acción inmediata:
Para Finjus, un breve aplazamiento blindaría la seguridad jurídica nacional, asegurando que la reforma penal cumpla con su propósito de modernización democrática sin nacer rodeada de incertidumbre procesal.
Fuente: En Segundos