Santo Domingo. En una maratónica sesión judicial que culminó la madrugada de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza. Los altos oficiales fueron hallados culpables de liderar un entramado militar-religioso de corrupción administrativa que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
El fallo definitivo fue emitido a las 2:22 de la madrugada, luego de que la lectura de la sentencia iniciara a las 3:00 de la tarde del lunes. El tribunal estuvo presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo.
De acuerdo con la resolución de las juezas, los procesados principales penalmente responsables recibieron las siguientes tipificaciones:
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso una penalidad económica contundente: el pago de 400 salarios mínimos a los cabecillas y ordenó la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado dominicano.
La investigación judicial demostró que la red criminal operó de manera sistemática entre los años 2012 y 2020, utilizando las estructuras financieras y operativas del Cuerpo de Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) —bajo la gestión de Cáceres Silvestre— y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) —dirigido por Torres Robiou—.
Mecanismo de desvío: La red desviaba recursos públicos asignados originalmente a rubros de inteligencia, combustibles, alimentación y nóminas. Consistía en nombrar a militares y policías con sueldos de entre RD$20,000 y RD$70,000 mensuales; no obstante, los empleados solo recibían una pequeña fracción del dinero, mientras que el resto era retenido y acumulado por los líderes de la organización.
El tribunal también dictó sentencias condenatorias de 15, 10 y 5 años para otros implicados que sirvieron de coautores y testaferros en la red:
Un grupo de implicados recibió penas condicionales de entre 3 y 5 años de prisión, acompañadas de multas económicas:
Por insuficiencia de pruebas o no determinarse su vinculación directa en el esquema ilícito penal, el tribunal dictó el descargo y absolución de los siguientes ciudadanos:
Al salir de la sala de audiencias durante la madrugada, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, se mostró visiblemente satisfecho con el dictamen judicial.
«Es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal. Esta sentencia es un reconocimiento al arduo trabajo del Ministerio Público y a la incuestionable fortaleza de la investigación», declaró el magistrado Camacho.
Fuente: En Segundos