Santo Domingo — El Ministerio Público solicitó formalmente al Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional enviar a juicio de fondo a todos los acusados de integrar la red criminal que sustrajo miles de proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, un entramado de corrupción desmantelado bajo la denominada Operación Pandora.
Durante la presentación de las conclusiones en la audiencia preliminar, el fiscal litigante Enmanuel Ramírez, miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, expresó la total confianza del órgano acusador en la contundencia de su expediente.
“Nosotros confiamos en que este tribunal va a acoger en su totalidad la acusación y enviará a los imputados que no llegaron a un acuerdo a juicio para que sean conocidas las pruebas que ha presentado el Ministerio Público en su contra”, afirmó Ramírez a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La jueza Patricia Padilla, tras escuchar las réplicas de las defensas, fijó la lectura del fallo para el próximo 29 de julio de 2026. En la litigación, Ramírez estuvo acompañado por los fiscales Rosa Ysabel Mejía y Melbin Romero, en representación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Debido a la solidez de la acusación, dos de los implicados decidieron aceptar su culpabilidad mediante la modalidad de proceso penal abreviado, obteniendo condenas inmediatas:
Asimismo, el fiscal Ramírez informó que otros dos imputados decidieron no controvertir las pruebas en esta etapa, solicitando ir directamente a juicio mediante una defensa positiva.
La investigación penal determinó que esta estructura criminal, que operaba desde el interior del cuerpo del orden, provocó un perjuicio financiero al Estado dominicano por un monto total de RD$92,191,732.92.
El fraude consistía en la sustracción sistemática de miles de municiones, proyectiles y accesorios de armas de fuego que se encontraban bajo custodia oficial, para luego comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos vendiéndolos a militares y civiles particulares. Las operaciones delictivas salieron a la luz pública en noviembre de 2024 tras detectarse los masivos faltantes en los inventarios del cuerpo policial.
El expediente de la Pepca encarta formalmente a 11 personas físicas. Entre los principales señalados como cabecillas del entramado se encuentran:
El grupo enfrenta graves cargos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores (en violación al Código Penal dominicano). Adicionalmente, se les acusa de infringir la Ley 631-16 sobre Armas, incurrir en lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de municiones y explosivos, así como de la alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de evidencias.
Fuente: En Segundos