Santo Domingo. En un caso que ha vuelto a poner de relieve la persistente inseguridad en las vías principales de la capital dominicana, una jueza del Distrito Nacional dictó el domingo tres meses de prisión preventiva contra cinco hombres acusados del asesinato de un oficial de alto rango de la Policía Nacional durante un asalto a mano armada a principios de este mes.
La magistrada Sofia Bruno, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso la medida tras evaluar el expediente presentado por los fiscales, quienes sostienen que los imputados formaban parte de una estructura delictiva que interceptó al mayor Silo Miguel Popoters Polanco en el sector de Villa Juana.
Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del 5 de abril. Según el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, el mayor Popoters Polanco se desplazaba en una motocicleta de alto cilindraje, una Honda CBR600RR, por la avenida San Martín. El oficial se detuvo momentáneamente para revisar su teléfono celular, un acto cotidiano que, según los investigadores, lo convirtió en el blanco de una emboscada.
Fue en ese instante cuando tres motocicletas lo rodearon. Las autoridades identificaron a José Miguel Guillermo de Jesús, alias «José el Guardia», y a Yoel Hernández Jiménez como los atacantes que, arma en mano, abordaron al oficial con la intención de despojarlo de sus pertenencias.
La fiscalía sostiene que el oficial intentó repeler el asalto, lo que desencadenó una ráfaga de disparos por parte de los sospechosos. Popoters Polanco murió en el lugar mientras los atacantes huían hacia la oscuridad de la noche, un evento que quedó registrado tanto por testigos presenciales como por cámaras de vigilancia del sector.
El arresto de los implicados se produjo de forma escalonada entre el 5 y el 7 de abril, tras un análisis exhaustivo de los videos de seguridad por parte de la Policía Nacional. La investigación también reveló que un sexto implicado, Yeison Nivar Pérez, conocido como «Mandraque», murió en un enfrentamiento con agentes policiales poco después del crimen.
Como parte del proceso, las autoridades recuperaron evidencias clave, incluyendo prendas de vestir que coincidían con las de las grabaciones, las motocicletas utilizadas y una pistola Taurus de 9 mm, que las pruebas de balística vinculan directamente con la escena del crimen.
La jueza Bruno ordenó que los sospechosos fueran trasladados a diferentes centros penitenciarios mientras se profundiza en el juicio de fondo:
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente el hecho como una violación múltiple al Código Penal Dominicano, incluyendo cargos por asociación de malhechores, homicidio voluntario y robo agravado, además de violar la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
El caso subraya el desafío que enfrentan las autoridades dominicanas para controlar el crimen violento en las zonas urbanas, donde incluso los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la delincuencia común.
Fuente: En Segundos