Durante los dos últimos gobiernos del expresidente Leonel Fernández, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) entregó 66 auditorías que contenían posibles evidencias de corrupción administrativa. Sin embargo, la Procuraduría General de la República optó por no investigar estos casos.
Los informes de fiscalización revelaron que numerosas instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas de la administración de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) habían hecho un mal uso de los recursos públicos. A pesar de que la Cámara de Cuentas envió estos hallazgos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) con el objetivo de llevar a cabo investigaciones forenses, estas nunca se realizaron.
Las auditorías, que señalaban faltas de transparencia en la gestión gubernamental mencionada, fueron enviadas a la Procuraduría entre los años 2005 y 2010 por el órgano de control externo del Estado dominicano.
Entre las entidades oficiales que presentaron niveles altos de irregularidades financieras durante este período se encuentran la Dirección General de Bienes Nacionales (BN), la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), la Superintendencia de Electricidad (SIE), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (INDRI) y otras.
La PEPCA también recibió 37 auditorías de diversos ayuntamientos que mostraban indicios graves de malversación de fondos públicos, pero al igual que en los casos anteriores, no se tomaron medidas y el plazo para cualquier posibilidad de acción penal expiró.
Las investigaciones señalaron supuestos indicios de corrupción que incluían desvíos de fondos, contratos irregulares, compras sobrevaloradas, activos desaparecidos, adjudicación de obras sin licitación pública, desembolsos carentes de documentos, alteraciones de contratos, obras sobrevaluadas, sustracción de patrimonios y otras anomalías que debieron ser objeto de investigación.
Las irregularidades detectadas representan miles de millones de pesos, según los informes, y el dinero supuestamente fue a parar a los bolsillos de funcionarios, sin enfrentar consecuencias legales.
La impunidad fue tan evidente que, en 2014, la entonces fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, expresó que había sido “prohibido judicialmente perseguir la corrupción” tras el archivo definitivo de la acusación por delitos de corrupción y lavado de activos contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, durante los gobiernos del PLD (Partido de la Liberación Dominicana).
En 2021, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reconoció que en todos los gobiernos existen personas corruptas, pero considera que el problema es aún más grave cuando la corrupción es auspiciada por el Estado y se convierte en una megacorrupción.
Meses antes de que terminara la administración de Leonel Fernández, dos entidades dedicadas a la lucha contra la corrupción presentaron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, solicitando la destitución de Hotoniel Bonilla, titular de la PEPCA, a quien acusaron de proteger a los funcionarios señalados por corrupción.